Venezuela acusó a Estados Unidos y los países latinoamericanos del Grupo de Lima de estar detrás del informe presentado hoy por la Misión Internacional encargada por la ONU de investigar los abusos del Gobierno de Nicolás Maduro, en el que se denunciaron crímenes de lesa humanidad.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, encargada de organizar esta misión, «ha desembolsado tres millones de dólares para elaborar el informe desde Panamá por mercenarios», aseguró el embajador venezolano en Ginebra, Jorge Valero, tras la presentación de las investigaciones.

«La CIA y otros órganos del gobierno de Estados Unidos han canalizado millones de dólares para posicionarlo internacionalmente» utilizando a «ONGs que han convertido a los derechos humanos en un rentable negocio», añadió en su intervención ante el mismo Consejo de Derechos Humanos que en 2019 dio luz verde a la misión.

Valero calificó a ésta de «Gedeón jurídico parido por el Grupo de Lima», comparándolo así con la «operación Gedeón» de mayo pasado.

El embajador ligó la presentación del informe con la reciente gira del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, a países vecinos con Venezuela «buscando concertar acciones para derrocar al Gobierno de Maduro, incluso con una invasión militar estadounidense apoyada por los Gobiernos títeres de Colombia y Brasil».

También advirtió a la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet de que puede elegir entre proseguir la actual cooperación con el Gobierno de Maduro o «mantener una misión fantasma que hace un trabajo a control remoto» y con la que el Grupo de Lima le está «saboteando».

El informe de 411 páginas, que investigó 4.600 presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas y 3.479 denuncias de detenciones arbitrarias por razones políticas, fue presentado hoy ante el consejo por la presidenta de la misión, la portuguesa Marta Valiñas.

«Hemos concluido que graves violaciones de los derechos humanos ocurrieron en Venezuela» perpetradas directamente «por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia tanto civiles como militares», señaló al resumir un informe que investiga crímenes cometidos desde 2014.

El embajador venezolano defendió hoy que en los últimos tres años se han imputado a 565 funcionaros de seguridad del Estado por denuncias de violaciones de derechos humanos, 447 siguen privados de libertad y ha habido condenas con sentencia firme contra 127 de ellos.