El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público ha designado a dos fiscales de protección de Derechos Humanos para investigar los sucesos ocurridos en la población de La Victoria, estado Apure.

El Fiscal informó en su cuenta en Twitter «En aras de esclarecer los hechos ocurridos en El Ripial (Apure) hemos enviado este #27Mar una comisión conjunta de la Dirección General de Protección de DDHH y la Unidad Criminalística del Ministerio Público a practicar las diligencias y experticias de investigación pertinentes».

También reseñó que los expertos del Ministerio Público enviados «realizarán inspecciones técnicas en los sitios del suceso, experticias planimétricas, experticias de trayectoria balística, protocolos de autopsia, entre otras necesarias para establecer posibles acciones violatorias a los Derechos Humanos».

Enfatizó Tarek William Saab de que «en caso de encontrarse evidencia de la comisión de hechos punibles cometidos por funcionarios de seguridad del Estado, se procederá a dar inicio a la investigación y sanción correspondiente».

La noche del martes 23 de marzo, fueron atacadas las instalaciones del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), ubicada en la Victoria, estado Apure, por presuntos grupos armados de Colombia, según denunció el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez.

Posteriormente, fue registrado el miércoles un ataque con explosivos a una camioneta de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) que se dirigía con técnicos para restablecer el servicio de energía en la población de La Victoria.

Aunque de los hechos se responsabiliza fundamentalmente a los guerrilleros, también se ha denunciado violaciones de Derechos Humanos por parte de los militares venezolanos

Por esta razón, Saab detalló que en coordinación con el Comandante Estratégico Operacional de la FANB, Remigio Ceballos, se procederá a dar inicio a la investigación y sanción correspondiente «en caso de encontrarse evidencia de la comisión de hechos punibles cometidos por funcionarios de seguridad del Estado».