La Corte Internacional de Justicia (CIJ) le dio este viernes la razón a Guyana y se declaró competente para juzgar la validez del Laudo Arbitral de 1899 que estableció la frontera entre este país y Venezuela, localizada en la región del Esequibo y en cuyas aguas adyacentes se han encontrado yacimientos de petróleo.

El alto tribunal de la ONU decidió, por doce votos a cuatro, que tiene jurisdicción para analizar “la validez del laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 y la cuestión sobre el asentamiento definitivo de la frontera terrestre”, dijo el juez presidente de la CIJ, Abdulqawi Ahmed Yusuf, en la lectura pública de la sentencia.

Venezuela, que rechazó participar en las vistas orales previas y ha defendido en todo momento que la disputa se resuelva de manera bilateral.

Venezuela no se presentó a las vistas orales precedentes a la decisión de este viernes, pero Caracas argumentó a través de su Ministerio de Exteriores que nunca ha dado su consentimiento a que el asunto se resuelva en la CIJ.

Una decisión final sobre la disputa podría alargarse varios años y su aplicación dependerá de la voluntad de los Estados, pues la CIJ no dispone de los medios para hacer cumplir sus sentencias.

Venezuela rechaza decisión CIJ

Por su parte, Venezuela rechazó este viernes la decisión tomada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que dio la razón a Guyana y se declaró competente para juzgar la validez de un laudo arbitral de 1899 que estableció la frontera entre los dos países.

«Venezuela rechaza la decisión de la Corte Internacional de Justicia», reza un comunicado del Gobierno venezolano, que fue leído por el canciller Jorge Arreaza, acerca de la decisión de la CIJ que marca el futuro de una región.

Frente a esta situación, Arreaza subrayó que «el Acuerdo de Ginebra es la única norma taxativa bilateral vigente, aplicable para dirimir, mediante negociaciones amistosas, la controversia territorial».

«Lo anterior niega la vía judicial, incapaz de alcanzar el arreglo práctico y satisfactorio que este tratado impone a ambas partes», apostilló Arreaza.

Por eso, mostró la disposición de Venezuela «a entregarse a dichas negociaciones amistosas para alcanzar un arreglo mutuamente satisfactorio».

El canciller venezolano subrayó que, «al decidir que posee jurisdicción respecto de la validez del laudo arbitral de 1899 con base en la demanda unilateral de Guyana», la corte «comete un error incomprensible e insólito».

El error se fundamenta, en opinión de Venezuela, «no solo en términos del consentimiento no prestado por Venezuela a dicha jurisdicción, sino al admitir un objeto de litigio diferente al objeto sustancial de la controversia, tal como fue definido por el Acuerdo de Ginebra de 1966».

«La corte, con su decisión, no sólo quebranta su propia doctrina establecida y sustentada por décadas, sino también su nutrida jurisprudencia», afirmó.

Por tanto, «Venezuela rechaza la decisión de la CIJ, en perfecta consonancia con los argumentos que oportunamente le brindó -desde su posición soberana de no compareciente- para coadyuvar con ésta en su deber de dictar un pronunciamiento donde la ley, los principios del Derecho y el Derecho consuetudinario le imponían declarar su evidente falta de jurisdicción».

Asimismo, «repudia el fallo emitido por la CIJ en los términos referidos, a la vez que reivindica, una vez más, la vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966 y ratifica que continuará ejerciendo su justo reclamo, habida cuenta del grotesco fraude que implicó el laudo arbitral de 1899 en perjuicio de su integridad territorial».

«Finalmente, Venezuela reitera su llamado a que esta controversia sea canalizada de forma amistosa y propone el inicio de negociaciones directas con la República Cooperativa de Guyana, en apego al Derecho internacional y sobre la base del Acuerdo de Ginebra de 1966», concluyó.

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