La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este lunes congelar el fin del Título 42, una norma que permitía la expulsión de la mayoría de migrantes que llegan a la frontera con México, en respuesta a una demanda interpuesta por 19 de los 50 estados del país.
La petición había sido presentada por esos 19 estados argumentando que el levantamiento del Título 42, previsto para este 21 de diciembre, iba a provocar «un daño masivo e irreparable a los estados, en particular a los que soportan las consecuencias de la inmigración irregular».
La decisión del juez John Roberts es temporal y las partes implicadas tienen hasta este martes a las 5 de la tarde, para responder ante el Supremo. Cuando reciba la respuesta el Supremo deberá decidir si permite que el Título 42 se mantenga en pie mientras las cortes en menor instancia resuelven el caso.
Un tribunal federal en el Distrito de Columbia había fallado a mediados de noviembre ordenando la suspensión del Título 42, decisión que fue apelada por los fiscales de 19 estados y por el gobierno de Joe Biden.
En su demanda ante el Supremo, los fiscales dieron por hecho este lunes que el fin de esta política iba a conllevar un aumento de cruces fronterizos, de modo que las autoridades estatales deberán «dedicar fondos adicionales a seguridad, educación y atención médica».
«Resulta descabellada la idea de que los estados no sufrirán daños sustanciales e irreparables como resultado de la inminente catástrofe que ocasionará el fin del Título 42», apuntaron en la petición respaldada después por el Supremo.
El Título 42 entró en vigor en marzo de 2020, bajo el mandato del republicano Donald Trump (2017-2021), y ha permitido en este tiempo la expulsión acelerada de más de 2,7 millones de migrantes, la mayoría desde el linde con México.
Tras su levantamiento estaba previsto que se aplicara el Título 8, que permite a los migrantes solicitar asilo en los puertos de entrada y da la potestad al Gobierno para deportar e incluso imponer penas a quienes no cumplan con los requisitos y sean considerados inadmisibles.
La decisión de la Administración de Biden de haber mantenido el Título 42 había sido ampliamente criticada por organizaciones de derechos humanos, que la califican de ilegal ya que evita que la gran mayoría de personas que desean solicitar asilo en la frontera puedan hacerlo.
«La lucha por mantener el Título 42 prosigue. Haré todo lo que pueda en los tribunales para garantizar que nuestra frontera es segura», dijo este lunes en Twitter el fiscal general de Texas, Ken Paxton, uno de los que había presentado la demanda.
En Texas, la ciudad de El Paso, limítrofe con Ciudad Juárez en México, había declarado este sábado el estado de emergencia para poder utilizar más recursos y crear más albergues para alojar a las miles de personas que han llegado allí en las últimas semanas ante la inminente suspensión prevista de esa normativa.
“El retiro del Título 42 no significa que la frontera esté abierta”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
Jean-Pierre dijo que el gobierno “ha puesto en marcha un extenso plan adicional” y presionó al Congreso para aprobar 3.500 millones adicionales en fondos para el DHS en un momento en que los legisladores siguen afinando detalles de una enorme iniciativa de gastos de fin de año.
Los fondos para el DHS aumentarían las capacidades de transporte de forma que los migrantes puedan ser enviados a instalaciones fronterizas menos atestadas, o puedan ser expulsados rápidamente en caso de no tener fundamentos legales para permanecer en el país. También financiarían más instalaciones de detención, ayudarían a acelerar el procesamiento de las solicitudes de asilo y la contratación de al menos 300 agentes adicionales para la Patrulla Fronteriza.
En las comunidades fronterizas, funcionarios y grupos de ayuda también se han estado preparando para el fin del Título 42, y lo hacen en un momento en que se anticipa un descenso en las temperaturas debido a la presencia de una masa de aire del Ártico en la región.
En un comunicado difundido el lunes por la noche, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés), responsable de la seguridad fronteriza, señaló que el Título 42 sigue en vigor y las personas que intenten entrar “ilegalmente” a Estados Unidos serán expulsadas a México.
“En lo que procede esta etapa del litigio, continuaremos nuestros preparativos para manejar la frontera de forma segura, ordenada y humana una vez que se levante la orden de salud pública Título 42”, se lee en el comunicado.
De cara al final del Título 42, funcionarios del gobierno señalaron que han canalizado más recursos a la frontera sur, incluyendo más coordinadores de procesamiento para la Patrulla Fronteriza, más vigilancia y una mayor seguridad en los puertos de entrada. Actualmente hay unos 23.000 agentes emplazados en la frontera sur, según la Casa Blanca.
