Los fiscales generales de 20 estados de EEUU pidieron este martes a una corte federal que emita una medida cautelar que congele un programa humanitario que concede un permiso migratorio a ciudadanos de Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba.
En un documento judicial, los estados demandantes piden a un juez federal en Texas que pause el programa como medida cautelar mientras la corte decide sobre el caso.
La Casa Blanca anunció la creación del alivio migratorio para venezolanos en octubre, en medio de un incremento en la llegada de personas de este país, sumido en una crisis política y económica, a la frontera sur con México.
La demanda está suscrita por los fiscales de estados como Florida, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas y Kentucky, entre otros, y está dirigida contra el Departamento de Seguridad Nacional y su titular, Alejandro Mayorkas, así como contra las agencias federales encargadas de velar por la seguridad fronteriza y de regular la migración hacia EEUU.
La Casa Blanca anunció la creación del alivio migratorio para venezolanos en octubre, en medio de un incremento en la llegada de personas de este país, sumido en una crisis política y económica, a la frontera sur con México.
A principios de este año, anunció que extendería el programa, conocido como «parole humanitario» para incluir también a las personas de Haití, Nicaragua y Cuba, quienes a su vez han llegado en cifras récords buscando solicitar asilo en la frontera.
En el mes de enero, unas 11.000 personas de estas cuatro nacionalidades entraron a EEUU bajo este programa, según datos de DHS.
Paralelo a los beneficios migratorios, el gobierno de Biden ha implementado una política de devoluciones en caliente, por medio de una normativa sanitaria conocida como Título 42, que permite a las autoridades migratorias expulsar a México a los ciudadanos de estos países sin darles oportunidad de pedir asilo.
El Título 42, una norma heredada del mandato del expresidente Donald Trump (2017-2021), ha permitido más de 2,5 millones de expulsiones de migrantes desde que entró en vigor en 2020, según datos del International Rescue Committee.
