La degradación ambiental en Venezuela “avanza de manera sistemática en todo el territorio nacional”, en gran parte a consecuencia de las políticas gubernamentales, según concluye una investigación del Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEP).
La OEP es una organización dedicada a visibilizar y analizar las desigualdades e impactos socio ecológicos. El Observatorio de Ecología Política plantea asumir políticas urgentes que puedan recuperar las condiciones básicas de vida social y ecológica en Venezuela. Considera necesario incluir la crisis climática en la agenda de discusión y acción de todos los actores de la sociedad.
De acuerdo con la investigación, el gobierno venezolano ha continuado “consolidando” mecanismos legales que buscan “favorecer” las actividades de explotación de recursos con “pocos controles”.
Señala como ejemplo a la Ley de Zonas Económicas Especiales, el caso del Arco Minero del Orinoco, y cómo los instrumentos legales fundamentalmente favorecen a la inversión extranjera y nacional, en detrimento de la naturaleza y en general de la comunidad”.
Elsa Gabriela Rodríguez, socióloga e investigadora del OEP, advirtió que el discurso gubernamental y la instrumentalización de leyes que “propician la expansión de la minería” ha ocasionado la “explotación intensiva” de minerales en distintos estados de Venezuela, incluso en parques nacionales.
El impacto social es significativo en varios estados donde el informe expone incursión y permanencia de grupos armados irregulares, violencia criminal y desplazamientos forzados, casos de esclavitud moderna, violencia de género y distorsión de las dinámicas de las comunidades indígenas.
Rodríguez detalló comenzaron a monitorear reportes y denuncias sobre los derrames petroleros en el país, que entre enero y noviembre de 2021, identificaron 73 derrames petroleros y contabilizaron 8 explosiones/incendios en diversas instalaciones de Pdvsa. La empresa estadal no publica balances ambientales desde 2016.
Un “grave avance de deforestación”, la expansión de un turismo “depredador” y la instalación de estructuras VIP en áreas protegidas, la crisis y gestión de desechos y residuos, la crisis del agua y el impacto del cambio climático fueron otros elementos abordados detalladamente en el informe.
Señalan en el informe sobre la Ley de Zonas Económicas Especiales, que próximamente podría ser aprobada en segunda discusión por la Asamblea Nacional, pretende generar “riquezas y nuevas fuentes de desarrollo” para el país.
El proyecto de Ley Orgánica, define a las ZEE como “espacios territoriales para la atracción de inversiones productivas nacionales y extranjeras a partir de estímulos económicos (fiscales, financieros y aduanales), confianza seguridad jurídica y políticas económicas coherentes, todo lo cual exige un sólido marco legal e instituciones eficientes, libres de burocratismo”.
