La administración de Pedro Sánchez anunció el fin de las denominadas “golden visas”, una autorización de residencia en el país para extranjeros no residentes de la Unión Europea (UE) a cambio de la inversión de 500.000 euros.
Se trata de una norma vigente desde 2013 e impulsada por el ahora opositor Partido Popular (PP), cuyos beneficiarios se han enfocado principalmente en la compra de inmuebles. Una situación que, según el actual Gobierno, ha contribuido en la inflación de precios de vivienda, uno de los problemas que más aqueja a la sociedad española en la mayoría de ciudades.
Entre los principales receptores de ese tipo de permiso de residencia se encuentran personas de importantes recursos económicos procedentes de Rusia y China, con el 61,1% del total de beneficiarios, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero también algunos originarios de países como Venezuela y México.
Desde que se aprobó esa ley, las autoridades han concedido 14.576 permisos de residencia por inversiones inmobiliarias.
Las provincias de Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Baleares y Valencia concentran el 90 % de todas las «golden visas» concedidas, indicó el Ministerio de Vivienda.
España ha experimentado un aumento exponencial de las “visas de oro” con la detonación de la guerra rusa en Ucrania, en febrero de 2022, y la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
También se prevén cambios en materia migratoria de España. El pleno de la Cámara Baja aprobará tramitar un proyecto de ley que busca la regularización para 500.00 inmigrantes que las autoridades estiman se encuentran indocumentados en el país, los partidos tienen ahora hasta dos meses para modificar la propuesta y decidir cómo legalizar a los cientos de miles de inmigrantes irregulares que viven en España y lanzar una votación final.
La medida ya ha sido aceptada para entrar a debate en el Parlamento y de ser aprobada derivaría en una próxima regularización masiva de inmigrantes.
El proyecto llegó al Legislativo gracias a una iniciativa popular tras la recolección de más de 600.000 firmas que lo respaldan. La eventual medida beneficiaría a quienes se encuentren en el país al menos desde 2021.
Vía: France 24
