El presidente Nicolás Maduro declaró este estado en septiembre de 2025, bajo el alegato de amenazas por el despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe, cerca de las costas venezolanas.
La medida fue respaldada por los principales poderes públicos (TSJ, Asamblea Nacional, Fiscalía), en función de “blindar constitucionalmente” las acciones del Estado ante un posible ataque.
En este sentido, se han convocado ejercicios militares, alistamiento en la Milicia Bolivariana y despliegue de fuerzas en zonas estratégicas como La Orchila y la frontera con Colombia.
Este tipo de decreto busca consolidar una respuesta nacional ante amenazas externas, pero también ha sido objeto de debate por sus implicaciones políticas y sociales.
Desde 2016, el Ejecutivo ha dictado más de 12 decretos de emergencia económica sin aprobación parlamentaria, los cuales han permitido aprobar presupuestos sin discusión legislativa, redireccionar recursos a fondos especiales, emitir leyes de endeudamiento sin control institucional.
El estado de conmoción exterior en Venezuela es una medida excepcional contemplada en el artículo 338 de la Constitución, que puede ser decretada por el Presidente de la República en caso de conflicto externo que ponga en peligro la seguridad de la nación, sus ciudadanos o sus instituciones.
¿Qué implica esta medida?
• Duración legal: Puede extenderse hasta por 90 días, prorrogable por otros 90 días más.
• Activación de poderes especiales: El Ejecutivo puede tomar decisiones extraordinarias para garantizar la defensa nacional, incluyendo movilización militar, restricciones a derechos civiles, y control sobre medios de comunicación.
Vía: Banca y Negocios
