La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, presentó un documento de evidencias del «lobby» realizado por la ExxonMobil para la revocación de la licencia petrolera a Chevron en Venezuela.
En una rueda de prensa de este martes, Rodríguez informó que uno de los autores intelectuales del documento llamado «Sanciones al petróleo de Venezuela significa menos dinero y menos poder» es Juan Zarate y dos personas más.
Explicó que Zarate es conocido también como «el zar de las sanciones» porque es el ideólogo de las medidas coercitivas unilaterales contra los pueblos del mundo, además de estar vinculado con el Centro de Estrategias de Estudios Internacionales, que recibe dinero de la ExxonMobil.
La vicepresidenta expuso que este documento fue realizado para incidir en las autoridades de Estados Unidos a Venezuela, a efectos de decir que «más sanciones, que causan gran sufrimiento económico en la población, generan las posibilidades de cambio político«.
Ante esto, Rodríguez asoció a los actores de la oposición extremista nacional como María Corina Machado, Leopoldo López, Juan Guaidó y Carlos Vecchio y a su aliado estadounidense Marco Rubio con ExxonMobil al pedir más sanciones contra el país.
Asimismo, la vicepresidenta mostró el libro «Del destino a la prosperidad» del exministro de Recursos Naturales de Guyana, Raphael Trotman, donde expone cómo la nación, en asociación con la ExxonMobil, desde el 2015 actuó de «mala fe» burlando el Acuerdo de Ginebra.
De acuerdo al libro, en 2015 la ExxonMobil señaló que en el mar por delimitar había grandes reservas de petróleo y gas; en enero de 2016 ocurrió una reunión entre las autoridades guyanesas de ese momento con los directivos de la ExxonMobil, luego, en septiembre de ese mismo año, hubo otro encuentro donde planificaron la realización de «un lobby» ante el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas para llevar el caso en disputa ante la Corte Penal Internacional (CPI).
En su escrito, Trotman señala que un alto ejecutivo de la ExxonMobil le dijo que ellos (la empresa) no entregaban dinero a gobiernos y que debía encontrar la manera de hacerlo por medios legales, de allí, surgió la idea de un nuevo contrato y una prima por firma, con lo que las autoridades guyanesas estuvieron de acuerdo mientras que el exministro se asegurara de que «todo era legítimo».
En 2017 la ExxonMobil le dio 18 millones de dólares a Guyana para que pagaran a los abogados que irían a la CPI y para que hicieran «lobby» en la ONU y remitir el caso. El 30 de enero de 2018, el Secretario General de la Organización Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres dio el paso sin precedente de expedir el asunto al tribunal mundial.
«Guyana se burló y estaba de espaldas al proceso de nuevos oficios que se estaba llevando conforme a lo estipulado en el Acuerdo de Ginebra», sentenció la vicepresidenta.
Destacó además que «nada que emane de la Corte Internacional de Justicia, Venezuela lo reconoce. Esa ha sido nuestra posición histórica».
“Si algo le llega a ocurrir a alguna alta autoridad de la República Bolivariana de Venezuela, responsabilizo a la ExxonMobil directamente, por los planes que tiene contra Venezuela”, remarcó.
«Seguiremos el camino de la recuperación, estamos listos en la senda de la recuperación con esfuerzo propio. Nuestro camino es la paz, prosperidad y la felicidad social y hacia allá seguiremos dirigiéndonos», apuntó la vicepresidenta.
Vía: Globovisión
