La abanderada por la Plataforma Unitaria, Sobella Mejías enfatizó que los recursos, los bienes del estado, no le pertenecen al partido de gobierno de turno, ni a quienes están en ejercicio del poder y son candidatos. «Nuestro ordenamiento jurídico prohíbe financiamiento de campañas electorales con recursos provenientes de fondos públicos, quienes lo hagan incurren en delito».
De igual manera Mejías hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que «se respete el libre tránsito e igualdad de condiciones» de los candidatos a cargos de elección popular de cara a los comicios del próximo 21 de noviembre.
Debido a una incidencia ocurrida en su visita al complejo habitacional «Alí Primera», parroquia Tamaca de Iribarren, como parte de su agenda de compromisos donde un grupo de ciudadanos, afectos al partido de gobierno, arbitrariamente exigían su salida del urbanismo impidiendo cumplir con su jornada social.
«Nuestra Constitución, nos da el derecho de libre tránsito, en cualquier lugar del territorio de la República. Tengo el derecho como ciudadana, como candidata, de participar en igualdad de condiciones en la campaña electoral pautada para los comicios del próximo 21 de noviembre. Así como lo tienen los electores quienes son los que deciden cuál es la opción que más le convenga para recuperar un municipio, un estado», expresó Mejías.
«Tenemos el derecho de transitar libremente siempre que lo hagamos en paz, hago un llamado al CNE y a todas las fuerzas vivas e instituciones del Estado, que se respeten los Derechos Políticos de los ciudadanos circunscritos dentro de sus Derechos Humanos», puntualizó la candidata a la Alcaldía del municipio Iribarren del estado Lara, por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Indicó la exrectora del CNE que no es culpa de quienes hoy representan un cambio que «aquellos que han estado ocupando cargos de elección popular, sean en estos momentos candidatos sin gestión de gobierno y hayan desatendido a las comunidades».
«Si bien llegamos a ese lugar es porque fui invitada por los habitantes de la propia comunidad, vecinos que viven en el sector, y le recordamos que las calles, edificios, avenidas, todo aquello que se construya del erario público, le pertenece a los venezolanos; así como en los gobiernos de la alternancia en el poder se daban títulos de propiedad a las casas, esa es la deuda que existe actualmente con las familias del país», dijo.
Aseguró que los habitantes de este sector al norte de Barquisimeto, «claman libertad, porque se sienten coaccionados y amedrentados», «el rol protagónico en lo político y el derecho a la participación establecido en el artículo 72 de la Constitución, lo tienen los ciudadanos, quienes deben expresarse libremente».
